— Nota publicada el 25 de abril de 2017 —
La Universidad aprobó el Protocolo de actuación ante situaciones de violencia de género, un paso más en la igualdad de derechos y un puente al desafío de atender una problemática cada vez más presente en la agenda pública. Se suma a las primeras diez instituciones universitarias que cuentan con un protocolo para atender a estos casos.
Se trata de un instrumento que brinda herramientas para actuar en estas situaciones dentro del ámbito universitario. Realizado por el Programa de Estudios de Género (PEG) de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, en coordinación con distintas áreas de la institución, se articulará a partir de un equipo de intervención integrado por dos docentes y un integrante del Departamento de Orientación Educativa, además de tres veedores sindicales, uno por cada representación gremial (docente, no docente y estudiantil).
El protocolo prevé, además de qué situaciones comprende y qué actores, un procedimiento que establece la manera en que el equipo va a trabajar y abordar los casos. La denuncia o la consulta puede llegar a través de correo electrónico, que lo va a administrar el equipo, o a través de cualquier otra vía (puede llegar a cualquier área de la universidad). Una vez que esa consulta o denuncia llega, el equipo evalúa; habla con la persona si es que quiere o no tener una entrevista. Si acepta tiene una entrevista personal. Si la persona quiere hacer una denuncia administrativa, en ese caso se pasa la denuncia vía Asuntos Legales mientras el equipo sigue acompañando a la persona y también al área de Legales para enmarcar el caso y hacer un seguimiento.
El marco normativo se logró a partir de la promulgación en 2009 de la Ley 26.485 de protección integral de las mujeres y el Plan Nacional de acción para la prevención, asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres 2017-2019 del Consejo Nacional de las Mujeres, que habilitó a las universidades como instituciones educativas vinculadas a los problemas sociales a la elaboración de estos protocolos.
“El objetivo, más allá del abordaje de los casos, es la prevención y el cambio cultural. Que exista este protocolo quiere decir que el tema se visibiliza, se habla, se trata, se informa a los estudiantes. Al entrar el tema en debate, eso es preventivo, ayuda a no ignorar el tema, no naturalizarlo. Y para prevenir es necesario desnaturalizarlo y ponerlo a debate. Los movimientos de mujeres son fundamentales porque esto está cada vez más en agenda, en los medios y acá en las aulas es un tema que estamos debatiendo permanentemente”, expresó Luciana Pérez, docente integrante del PEG.
El protocolo busca ser “lo más amplio posible” para que contemple todo tipo de casos. Por ello se aplica a cualquier persona que esté vinculada a la universidad (estudiante, docente, no docente, docente invitado) ya sea que el hecho ocurra en la sede central o cualquier otra sede de la universidad, o se trate de una actividad que la universidad haga en otro lugar.
Enfoque de género
Si bien los femicidios representan el caso más extremo en violencia de género, no son la única manera de ejercerla. Por eso, muchos de los movimientos feministas y de defensa de las disidencias sexuales hablan de violencias, en plural. Asimismo, esta problemática requiere un abordaje específico, el enfoque de género.
¿Por qué es importante el enfoque de género?
Luciana Pérez asegura que “como agentes públicos (las universidades) tenemos la responsabilidad y la obligación de abordar estos casos de violencia de manera adecuada y adecuarnos a la ley nacional, sobre todo para la protección de las víctimas que están sufriendo estas situaciones. Porque si el abordaje no es el adecuado se puede generar revictimización, lo que produce que queden expuestas en las denuncias, que se les haga relatar los hechos innumerables veces”.
Por su parte Daniela Lossigio, docente coordinadora de Vinculación Ciudadana del PEG, agrega que “en el caso de instituciones autónomas como la nuestra, tenemos que asegurar el cupo femenino, los cargos representacionales, en el Consejo Superior, en la Asamblea Universitaria. Y garantizar la perspectiva en las aulas también, que no es solamente para las materias que son sobre género sino en todas las materias. Esto es que no exista discriminación por género o sexualidad dentro de las aulas. Y las políticas de vinculación que también tengan que ver con el género. Es una política de Derechos Humanos, y la universidad es una institución que debe reproducir los Derechos Humanos y sensibilizar a la ciudadanía. En este sentido, el género es uno de los temas de los Derechos Humanos”.
El Programa dio a luz a partir de un trabajo previo de un grupo de docentes dedicado a temas de género, tanto en áreas de investigación como actividades relacionados con el territorio, y específicamente con violencia de género. A partir de esta articulación se conformó la Red de Trabajo Interdisciplinario sobre Género y Sexualidad en Florencio Varela (GeFloVa) -que hoy es parte del programa-. En 2015, el PEG pasó a integrar la Red Interuniversitaria por la Igualdad de género y contra las violencias, donde se agruparon todos los programas, áreas de género y grupos de docentes de 38 universidades, dedicados a la temática y se propuso como primer objetivo la realización de estos protocolos.
Actualmente el PEG cuenta con una coordinación en Investigaciones y una coordinación en Vinculación Ciudadana y si bien el programa “lleva un poco la bandera de los derechos de las mujeres, impulsa actividades y abre espacios”, Losiggio remarca que “es responsabilidad de toda la universidad”.
En particular, luego de esta normativa queda aún pendiente una cuestión fundamental que es la creación de una Oficina de Atención para las víctimas. “Porque el problema del femicidio y de violencia de género es muy acuciante. Los casos que se presentan en la universidad no son solamente de los actores de la universidad, las alumnas en las aulas denuncian todo el tiempo situaciones de violencia en sus casas”, sostiene la coordinadora en Vinculación Ciudadana.
Es que si bien algunas universidades ya cuentan con estas oficinas como la Universidad Nacional de San Martín, en el caso de la UNAJ depende directamente de que el Consejo Nacional de Mujeres destine este financiamiento. “En diciembre de 2016 presentamos una propuesta a este Consejo, cuya directora es Fabiana Tuñez, para poder aplicar el Plan de Acción. Esto incluye oficinas de asistencia en las universidades. Nosotros sí o sí necesitamos ese financiamiento”, enfatiza Losiggio.
Por el momento, la UNAJ continúa trabajando en red y derivando a las distintas dependencias aquellos casos de estudiantes que habitualmente se presentan en distintos ámbitos de la universidad. Queda mucho por hacer. La universidad tiene mucho para contribuir al debate y a la acción contra las violencias.
