Por Nayla Sosa e Ignacio Rodríguez, estudiantes de Trabajo Social (UNAJ) y militantes del Movimiento Mayo
“Una economía que cae siempre se levanta,
pero una vida que se cae no se levanta”. [1]
El rol del Estado se encuentra en disputa, la pandemia llevo a que en el mundo la intervención estatal en materia sanitaria sea una de las prioridades. La enfermedad avanza rápidamente, y los gobiernos deben tomar la decisión de priorizar la vida como derecho, o como mercancía.
En nuestro país el último gobierno neoliberal desfinancio y desmantelo la salud y la educación pública, se vieron golpeados todos los sectores más vulnerables. Según el INDEC[2], en el segundo semestre de 2019, el 35, 5 % de las personas estuvo por debajo de la línea de pobreza y la desocupación llego al 8,9%. Los ministerios de trabajo y salud pasaron a tener carácter de secretaria.
En esta coyuntura, el 10 de diciembre del 2019 asume Alberto Fernández, transformando el rol del Estado, dando comienzo a un proceso de reconstrucción del derecho a la educación, al trabajo y a la salud.
El primer caso de covid-19 en Argentina se confirma el tres marzo del 2020, y el 11 del mismo mes, la Organización Mundial de la Salud (OMS de acá en adelante) declarara a la enfermedad, una pandemia. Al otro día el Estado Argentino dicta el aislamiento social, preventivo y obligatorio (Decreto N° 260) lo que llamaremos comúnmente como “cuarentena”.
A partir de la cuarentena el Estado argentino priorizo la salud tomando las siguientes medidas: cierre de fronteras, construcción de 8 hospitales de emergencia (de los cuales dos se construyen en Quilmes, y en Florencio Varela), fondo especial de $1700 millones destinados al equipamiento e insumos. Aumento presupuestario para las áreas de salud, creación de la unidad Corona Virus para diagnóstico e investigación junto al CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas). Además otorgó medidas de ayuda económica, como Bono ($3000) para jubilados de mínima y pensionados, titulares de hacemos futuro y salario social complementario, duplicación de la AUH (Asignación universal por hijo/a), eximición del pago de cuotas de créditos ANSES, durante abril y mayo; entrega de tarjeta alimentar vía correo argentino. Creación del Ingreso Familiar de Emergencia ($10.000) para trabajadores informales y monotributistas de clase A y B, siendo compatible con la AUH.
Como así también, refuerzos alimentarios y mecanismos de viandas para comedores escolares, comunitarios y merenderos. Suspensión por 180 días del corte de los servicios de luz, gas, agua, telefonía móvil y fija, internet y TV por cable. Congelamiento de precios de productos esenciales, como alimentos, bebidas, artículos de limpieza e higiene. Prohibición de despidos y suspensiones por 180 días. Y un Fondo de garantías para pequeñas y medianas empresas.
Este aislamiento provocó que todos lxs ciudadanxs debamos repensar nuestra cotidianeidad. Realizar las tareas manteniendo las recomendaciones de la OMS, pensar formas de trabajo, en las situaciones donde la “cuarentena” es posible. Ampliar y construir redes comunitarias donde se organizan diversos actores como la iglesia, el ejército, organizaciones sindicales, sociales, políticas y no gubernamentales. En conjunto con las instituciones públicas locales, provinciales y nacionales.
Un claro ejemplo de la articulación que se está llevando a cabo a nivel nacional en conjunto con las provincias y los municipios, se expresa en la creación de “Comités de Emergencia Social”. El 2 de abril tuvo lugar su segundo encuentro, el cual estuvo encabezado por el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo. Según sus palabras “El objetivo es mantener un seguimiento permanente de la situación social para ver que estamos haciendo, que nos falta hacer y que tenemos que dejar para cuando pase la emergencia”. Como resultado algunas medidas llevadas a cabo fueron la creación de fondos municipales y locales, destinados a la compra de alimentos básicos y artículos de limpieza, así como también, la regulación de precios en supermercados.
Por otro lado siguen aumentando los diversos actores sociales que se enfrentan al nuevo desafío, de cómo intervenir en época de pandemia, respetando la prevención, para generar o sostener el derecho a la alimentación, a la educación y a la Salud. Como por ejemplo la comunidad educativa sostiene un programa de continuidad pedagógica, así como también reparten bolsones o viandas de alimentos para los estudiantes y sus familias, a veces con el apoyo de organizaciones sociales y sindicales.
Otro ejemplo nos da el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad que está avanzando con el trabajo de las mesas locales intersectoriales, lo cual es fundamental para repensar las problemáticas características que se presentan en cada localidad. La línea 144 dio apertura al chat por WhatsApp, para lograr una comunicación y/o acompañamiento a las situaciones donde la cuarentena implica un riesgo, debido a la violencia de género en cualquiera de sus tipos, según la Ley 26.485, física, psicológica, sexual, económica, patrimonial y simbólica.
Los ejemplos anteriores nos muestran la necesidad de trabajar en unidad, con la solidaridad como valor principal. El Estado ha tomado diversas medidas que tratan de abarcar la mayor cantidad de beneficiarios. Pero para ello vemos indispensable el trabajo en red y la comunicación entre equipos de trabajo, desde los diversos niveles del Estado.
Ahora bien, como interventores en las realidades, como sujetos políticos, como militantes, como estudiantes de la universidad pública y/o como trabajadores sociales; ¿Cómo podemos en época de cuarentena, lograr un avance en materia de derechos humanos? ¿Qué tipos de relaciones, dentro de los cuidados, debemos generar para afrontar este contexto? ¿Se puede pensar una intervención que se conforme con un segmento virtual y otro físico? ¿Cómo lograr que la intervención del estado llegue a cada ciudad, barrio, villa o asentamiento? ¿Estamos frente a un nuevo paradigma de organización social? ¿La situación social actual obliga a replantearse las formas de redistribución del sistema económico con impuestos progresivos como plantea el Secretario General de la CTA, Hugo Yasky?
Estos y otros interrogantes son los que hoy cotidianamente se presentan como un desafío, en un contexto dinámico. La militancia nacional, popular, democrática y feminista ¿deberá ser el intermediario entre el pueblo y el Estado? Y lxs que se quedan en casa ¿desde qué lugar podrían aportar?
Actualmente las organizaciones sociales vienen cumpliendo un rol fundamental, poniendo el cuerpo día a día, para garantizar los merenderos, los comedores, la entrega de alimentos y artículos de limpieza, la distancia recomendada en las filas de los bancos, o la asistencia que estas mismas conllevan. Como así también el acompañamiento por redes sociales para la inscripción de programas, difusión de información y concientización.
Sin duda estamos en un momento donde debemos repensar las relaciones sociales, y la vida cotidiana, pero si algo nos queda claro es que acá nadie se salva solo. Necesitamos comunicación, organización y el aporte de la mayor cantidad de sectores posibles, si deseamos generar condiciones de vida más dignas y equitativas para el pueblo.
Notas:
[1] Alberto Fernández (29/03/20), presidente de la Nación en conferencia de prensa desde la residencia en Olivos.
[2]Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2020). “Informes Técnicos” Vol. 4 – N°4 y N°1. Buenos Aires.