Por Programa de Estudios de Género
Desde el Programa de Estudios de Género de la UNAJ, queremos compartir una reflexión acerca del Aislamiento Social Obligatorio (ASO), que contribuya a mejorar medidas sanitarias compulsivas y urgentes, en el marco de la perspectiva de género.
Partimos de la premisa de que ninguna política es sexualmente neutra. El ASO, medida urgente, basada en criterios sanitarios y establecida por el Poder Ejecutivo de la Nación, tampoco lo es. Por lo tanto, es importante señalar que afecta de manera distinta a las personas según su género. Esto significa que contribuye a la reproducción de las desigualdades: todes sufrimos el aislamiento, pero ese sufrimiento no es igual, ni equitativamente distribuido -en términos de clase, localidad, edad y género-.
Queremos remarcar, en este sentido, dos aspectos que nos preocupan: la violencia de género y la gestión de los cuidados.
La militancia feminista advierte históricamente sobre los riesgos del aislamiento social, especialmente cuando ese aislamiento es provocado por una pareja o familiar agresivo. Es en los hogares donde ocurren la mayor parte de los femicidios y abusos sexuales. Esta recomendación hoy entra en contradicción con el estado de cuarentena. El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad ha reforzado los canales de atención a personas en situación de violencia de género pero, no obstante, los femicidios ocurridos durante los últimos días nos alertan sobre la situación de miles de mujeres aisladas y en manos de sus agresores.
Por otra parte, el paso al trabajo en modalidad virtual supone que una persona tiene resueltos los cuidados -de niñes, personas con discapacidades, dependientes, adultos mayores- para poder afrontarlo, pero esto no es así. El ASO corta las cadenas de cuidados y su necesaria organización social, privatizando y reprivatizándolos, impidiendo en muchos casos el trabajo desde la casa (virtual, telefónico, etc.). Una medida de este tipo, que se hace en nombre de cuidarnos y cuidar a les otres, debe poder pensarse e implementarse considerando la organización social de los cuidados, sobre todo en hogares monoparentales o donde solo una persona -por lo general, una mujer- queda a cargo de los cuidados.
La privatización y feminización del cuidado se traducen en una limitante para el llamado teletrabajo. Por supuesto también acorta las horas que nuestras estudiantes pueden dedicar al estudio. La situación se agrava si sus ingresos –provenientes del trabajo informal o autónomo– se han visto afectados por el ASO. Una última capa de complejización: la educación es también un derecho que de ningún modo debe verse interrumpido.
¿Cómo garantizar el ejercicio simultáneo de los derechos fundamentales que hoy entran en tensión: el derecho a la educación, el derecho a que las tareas de cuidado sean reconocidas efectivamente como un trabajo y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia? Nuestro objetivo es hacer sustentable, mientras duren estas medidas, tanto el derecho de les estudiantes a estudiar como el de les docentes a compatibilizar trabajo docente y de cuidados. Se requiere para ello ahora un plus de atención en la situación de compañeras y estudiantes; redoblar el empeño en suspender (aunque más no sea metafóricamente) el aislamiento de estudiantes en situación de violencia; solidarizarnos con compañeras cuyas tareas de cuidado absorben su tiempo libre; finalmente, como autoridades, brindar contención a estas docentes y ofrecer canales institucionales de resolución de su situación.