Fortalecer la capacidad del Estado para seguir luchando por sociedades más igualitarias

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Por Paula Amaya. Docente e investigadora. Directora Nacional SIEMPRO. Directora del Programa de Investigación en Gobierno, políticas públicas y transformación social ICSyA – UNAJ. Directora de la Especialización en evaluación de políticas públicas de UNAJ/UNLA.

La pandemia COVID 19 impactó fuertemente en el mundo en general y en Argentina en particular sobre la actividad económico-laboral, y en el flujo de ingresos de vastos sectores, afectando sobre todo a los segmentos más vulnerados de la población y del mercado de trabajo. Ejemplo de ello son los asalariados informales o trabajadores por cuenta propia, pero también otros sectores importantes integrados a la economía formal vinculados a actividades no esenciales, particularmente a pequeñas y medianas empresas, pequeños y medianos comerciantes, unidades económicas de pequeña o mediana escala de diferentes rubros.

Frente a la coyuntura económica y la escasez de recursos, el Estado debió reconfigurar la política pública y poner en marcha programas destinados a diferentes sectores de la población afectados por la crisis.

Estas intervenciones exigen rapidez, pertinencia, creatividad y capacidad en sus objetivos, contenidos, implementación y evaluación. Pero también exigen nuevas formas de articulación entre distintas agencias estatales y niveles de gobierno.

Mucho antes de la crisis provocada por la pandemia el Estado era objeto de fuertes debates sobre los enormes desafíos en materia de gobernabilidad, capacidad y eficiencia en sus intervenciones.

La crisis COVID 19 no hizo más que agudizar esos debates, poniendo en evidencia la importancia de seguir trabajando en el fortalecimiento del Estado.

Una vez más, podemos constatar la necesidad de analizar de manera relacionada valores sociales, política, capacidad estatal, eficacia, pertinencia y oportunidad.

De nuevo se pone en evidencia que el avance en la línea de la eficiencia administrativa sin una jerarquización de problemas sociales que dirijan el accionar del Estado concentrándolo en sus resultados nos lleva como mucho al diseño ordenado de procedimientos, documentos de planes y acciones contabilizadas. Sin conducir per se a soluciones efectivas evidenciadas en mejoras en la calidad de vida y ejercicio de derechos. Una administración pública eficiente no necesariamente logra resultados sociales pertinentes.

Podemos una vez más constatar que el más loable de los objetivos sociales es inconducente sin parámetros de calidad institucional. Sin capacidad de construir información confiable, sin lograr la articulación de los actores e instituciones precisas, sin poner en relación situada los objetivos, los recursos, las intervenciones y sus evaluaciones.

Actualmente en Argentina se encuentran en marcha diferentes programas que pretenden prevenir los contagios, fortalecer el sistema de salud, paliar la reducción de los ingresos de los hogares a raíz de la cuarentena forzada por la pandemia del Coronavirus, garantizar la seguridad nutricional de niños y niñas y sostener la supervivencia de del empleo generado por las pequeñas y medianas las empresas. Todas estas iniciativas se suman y articulan a otras políticas ya existentes.

Entre ellas se pueden destacar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), el crédito a tasa cero para personas adheridas al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, y para trabajadoras y trabajadores autónomos o el Otorgamiento de Bonos excepcionales en las prestaciones de Potenciar Trabajo, AUH, Jubilados, Pensiones No Contributivas y sujetos de derecho de la Tarjeta Alimentar.

Para llevar a cabo esta tarea resulta necesario fortalecer tanto los mecanismos de construcción de información social, el monitoreo y la evaluación de programas, como la articulación entre áreas y niveles de gobierno.

Frente a estos desafíos se vuelve imprescindible el apoyo de instituciones cuyas competencias son precisamente promover la coordinación, el fortalecimiento, planificación, la capacitación, el monitoreo y la evaluación de políticas públicas.

El rol de áreas como la secretaría de gestión y empleo público de la Jefatura de Gabinete de Ministros o el Consejo Nacional de Coordinación de políticas sociales puede resultar estratégico para potenciar los resultados alcanzados por las intervenciones del Estado. Más aún si el ejercicio de sus competencias se realiza de forma sinérgica y articulada.

En la actualidad los equipos de estas áreas están llevando a cabo diferentes iniciativas de manera articulada, colaborando con el fortalecimiento de las capacidades y políticas sustantivas de los diferentes ministerios. Ejemplos de estas iniciativas son el “Catálogo de derechos y servicios esenciales” (1), el “Mapa de la acción estatal” (2), el programa “Argentina contra el hambre” (3) y el “Sistema de indicadores sociales” (4), entre otras.

En el marco de estas iniciativas, el Sistema de Información, evaluación y monitoreo de la Dirección Nacional (SIEMPRO) depende del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y en la órbita de la Presidencia desarrolla estrategias y metodologías que permiten valorizar los resultados de las políticas públicas, hacer seguimiento de las principales medidas de gobierno y capacitar en temas vinculados a la planificación, implementación, monitoreo y evaluación de programas sociales. Las tres líneas de acción centrales para el organismo son Análisis social, monitoreo y evaluación.

El área de Información y Análisis Social produce información sociodemográfica y económica necesaria para el diseño, la planificación y la evaluación de estrategias de intervención social.

El área de Monitoreo brinda información acerca de la implementación y ejecución de planes y programas nacionales, a través del análisis trimestral de la ejecución de los programas (5).

El área de evaluación coordina, diseña y realiza evaluaciones. Entre otras, actualmente se están llevando a cabo evaluaciones sobre IFE, el contexto de reapertura de la educación especial, las condiciones de vida, vivienda y hábitat en los barrios populares en el contexto de aislamiento y el proceso de capacitación permanente y situada de profesionales de la salud de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), entre otras.

SIEMPRO construye además documentos sobre estrategias de evaluación que son referencia en la materia y cuenta con diferentes ofertas formativas, destacándose su último manual sobre metodologías de evaluación en contexto de asilamiento (7).

Actualmente SIEMPRO realiza asistencias técnicas a provincias argentinas, con el objetivo de fortalecer la gestión de las áreas de políticas sociales, mejorar los sistemas de información y promover la articulación con el Estado nacional, ya que la implementación de las políticas y sus resultados depende en gran medidas de la capacidad de gestión integral e integrada de todos los niveles de gobierno.

El valor de la igualdad es el motor de muchos grupos y personas (profesionales, docentes, trabajadores, dirigentes sociales…), es imprescindible forzar reglas de juego que ordenen bajo el paraguas de la justicia social.

Solo el Estado puede liderar este desafío que nos tendrá luchando quizás toda la vida.

Más y mejor Estado significan más y mejores oportunidades para lograr el sueño de la igualdad.

Notas:

Universidad Nacional Arturo Jauretche
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ISSN 2545-7128