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Por Andrés Treviño Luna. Licenciado en Relaciones Internacionales y Licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), originario de Guadalajara México. Director de Diversidad Sexual en la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de Jalisco, una dirección enfocada en la transversalización de la perspectiva de Derechos Humanos de las personas LGBTI+ en las acciones, políticas y programas del Gobierno de Jalisco.
Escuchamos de forma recurrente que lo que no se mide no se puede mejorar, en ese sentido han surgido diversos esfuerzos para monitorear y definir las dimensiones de las brechas de desigualdad que existen en América Latina, sin embargo, en muchas ocasiones estos ejercicios han dejado fuera variables importantes como la discriminación y exclusión que existe por motivos relacionados a la orientación sexual e identidad de género no normativas.
Las problemáticas que enfrentamos las personas LGBTI en la región son grandes, crudas y constantes, de forma empírica, quienes las vivimos, en algunos casos logramos identificarlas, sin embargo, son pocas las veces que estas variables han sido incorporadas, investigadas y tomadas en cuenta en las políticas encaminadas a combatir la desigualdad.
Cuando se habla de desigualdad, comúnmente se centra gran parte de la discusión en las disparidades que existen en el ingreso, el poder adquisitivo o el acceso a bienes y servicios, generada principalmente por la acumulación de riqueza de una elite y la deficiente distribución de los recursos por parte del Estado, sin embargo, de forma recurrente se omiten dimensiones fundamentales en esta discusión.
Esto se debe en parte a que hoy en día, existe muy poca información estadística referente a las personas que viven orientaciones sexuales e identidades de género no normativas, es decir, por mucho tiempo los gobiernos de la región no han considerado relevante observar, medir y monitorear las realidades que enfrentan las personas de la diversidad sexual y su impacto en el acceso a los derechos humanos, las cuales comprenden discriminación, exclusión y violencias sistemáticas, que por ser tan normalizadas en nuestra sociedad, se han invisibilizado.
En los últimos años han surgido algunos esfuerzos, por parte de la sociedad civil como de algunos gobiernos, que comienzan a hacer visible esta realidad y esto lejos de ser esperanzador es alarmante, ya que las pocas estadísticas existentes demuestran que el contexto es mucho mas complejo de lo que se había logrado comprender o visibilizar.
El movimiento civil por los derechos de la población LGBTI tiene mas de 40 años de lucha en la región, surgiendo en la mayoría de los casos como una respuesta directa a un contexto en el que la homosexualidad o cualquier orientación sexual e identidad de género no normativa era criminalizada y perseguida.
En ese sentido, el activismo LGBT mas visible, ha centrado sus esfuerzos en la derogación de aquellas leyes que criminalizaban la homosexualidad y la aprobación de otras que reconozcan y garanticen derechos de las personas LGBT.
Los avances en ese sentido han sido sustanciales, hoy América Latina es una de las regiones del mundo en donde existe mayor protección legal hacia las personas LGBTI, lo que resulta paradójico porque es también la región que encabeza las pocas estadísticas globales de asesinatos por odio, siendo desproporcionadamente víctimas las mujeres trans.
Esto evidencia algunas cosas, en primer lugar, que el avance no ha sido equitativo entre la inclusión de personas con orientaciones sexuales no normativas y aquellas con identidades de género no normativas.
Es por esto que cuando hablamos de la población LGBTI, debemos reconocer que se esta haciendo referencia a diferentes aspectos de la sexualidad humana, por una parte LGB habla de las orientaciones sexuales Lésbico Gay Bisexual, las cuales se han visto incluidas a través de las leyes o sentencias judiciales referentes al matrimonio igualitario y los demás derechos civiles derivados de este, pero también se hace referencia a las personas Transexuales, Transgénero y Travesti, para quienes estos avances han sido mucho menores y por ultimo hace referencia también a las personas Intersexuales, quienes han sido prácticamente omitidas en este proceso de reconocimiento de derechos.
Esto es relevante porque demuestra que al hablar de la población LGBT no podemos asumir que es un grupo homogéneo de personas que viven la misma situación de desigualdad y que por ende el mínimo de los esfuerzos en pro de la inclusión les beneficia de forma pareja, la complejidad de la agenda reside en que cada una de las identidades en ella representada enfrenta situaciones especificas de exclusión que deben ser atendidas de forma diferenciada.
Como mencionaba anteriormente, a pesar de que los pendientes legislativos como el reconocimiento de la identidad de género, la prohibición de los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG), el establecimiento de cuotas laborales como medias afirmativas, entre otros, se siguen acumulando en las agendas de los congresos nacionales y subnacionales de la región, el avance sí ha sido sostenido y significativo, pero esto no se ha traducido en igualdad en términos reales.
Es decir, a pesar del reconocimiento logrado en la última década en la región, no se ha registrado una mejora sustancial en las condiciones de vida de las personas LGBT ni mucho menos se ha logrado disminuir las brechas de desigualdad existentes.
Por el contrario, hay quienes sostienen que esta visibilidad ha detonado un recrudecimiento de las violencias, lo cual es difícil de determinar con precisión ya que como se mencionó anteriormente los registros estadísticos de la violencia hacia personas LGBT son aun deficientes, lo que sí se puede declarar es que estas han sido muy pobremente atendidas por parte de las autoridades.
Lo que nos lleva hacia el reto principal, alcanzar la igualdad sustantiva de las personas LGBTI en la región. Si bien para lograr esto aun hay pendientes legislativos que aprobar, lo que es más apremiante es la necesidad que desde los gobiernos ejecutivos se pongan en marcha robustas políticas publicas encaminadas a disminuir las brechas de desigualdad que aquejan a esta población, por lo que incorporar un enfoque diferenciado en estas, así como agresivas acciones afirmativas y medidas de inclusión, acompañadas de indicadores claros que permitan reconocer la dimensión estructural de esta desigualdad y a su vez midan su paulatino avance, o retroceso, es urgente.
Lo que es cierto es que la inclusión no puede ser impuesta, estas políticas o acciones afirmativas no pueden quedarse únicamente en la persecución de la mejora en torno a los indicadores, sino que deben tener una fuerte consideración en la promoción de un cambio cultural.
Vivimos un momento en donde la polarización tiene grandes rendimientos políticos y quienes están haciendo uso de ella para ejercer el poder, están, de forma consciente o inconsciente, generando contextos cada vez mas hostiles para las personas de la diversidad sexual y de género.
Hoy vivimos en la América latina mas incluyente hacia las personas LGBTI de la historia, pero también vemos con preocupación que rápidamente este contexto se transforma hacia una sociedad polarizada, que utiliza nuestra agenda, nuestros cuerpos y nuestras identidades como una arena para librar batallas políticas que lejos de procurar la igualdad buscan satisfacer los intereses de la elite económica que siempre se ha beneficiado de la desigualdad.
Es por esto que el reto principal de las políticas de combate a la desigualdad es no solo hablar de esta problemática desde los indicadores económicos de ingreso, PIB o distribución de la riqueza, sino también desde las personas y sus interseccionalidades, sin esto difícilmente vamos a poder trazar un horizonte de igualdad en la región.
Universidad Nacional Arturo Jauretche
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