— Publicación del 5 de junio de 2018 —
La educación superior es en la Argentina un derecho social reconocido por la Constitución Nacional. A lo largo de la historia podemos encontrar hitos que fueron poniendo este derecho, a través luchas populares que propiciaron políticas estatales concretas, al alcance de los sectores populares.
Entre esos hitos podemos nombrar a la Reforma Universitaria de 1918, de la que se están cumpliendo 100 años, el decreto que impuso la gratuidad de la educación superior de 1947, la creación de la UON (Universidad Obrera Nacional, hoy UTN) en 1948 y la incorporación de los Nodocentes al cogobierno en 1974. En cada uno de estos momentos lo que se verificó fue una democratización creciente del derecho a la educación, que no es otra cosa que decir que cada vez mayor cantidad de personas veían facilitada la posibilidad de acceder a la Universidad y a su gobierno cada vez con menos distinciones o dificultades de origen económico.
En la misma línea, en el año 2009 se crearon una cantidad de nuevas Universidades, las llamadas del Bicentenario o también del conurbano, en razón de que la mayoría de ellas (aunque no todas) se encuentran el localidades del primer al tercer cordón del conurbano.
Esto provocó una verdadera revolución, ya desde los debates parlamentarios que culminarían en la creación de las mismas. Allí se pusieron en cuestión la pertinencia de la creación de las nuevas casas de altos estudios y también el derecho a la educación superior para todos.
Finalmente triunfó la idea de la educación superior como derecho social, con titulares individuales pero con la sociedad como beneficiaria de lo que las universidades saben e investigan. Y la verdadera revolución fue que estas universidades se llenaron de pueblo, de jóvenes y no tanto, la gran mayoría primera generación de estudiantes universitarios en sus familias, dispuestos a romperse el alma por aprender, avanzar en sus estudios y terminar sus carreras. Un número que ilustra el fenómeno: la Universidad de Buenos Aires tiene alrededor de 280.000 alumnos, paradójicamente la misma cantidad que tienen las universidades del conurbano bonaerense todas juntas, lo que quiere decir que todos esos alumnos provenientes en su mayoría de los sectores más humildes de la población necesitaban que el estado hiciera posible su derecho a la educación superior simplemente poniéndola a su alcance, reparando la injusticia de una selección determinada simplemente por el lugar de nacimiento, por su condición socioeconómica o por la lejanía geográfica con las sedes de las universidades tradicionales.
Es por eso que asistimos indignados, al igual que gran parte de la sociedad argentina, a un nuevo ataque discursivo contra las Universidades públicas, esta vez en la voz de la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.
Estas declaraciones, que el Consejo Superior de la Universidad Arturo Jauretche repudia enérgicamente, en realidad enmascaran el convencimiento de la gobernadora (y del partido que representa) de que los estudiantes universitarios solo pueden ser los hijos de una elite de rasgos reconocibles y fácilmente identificables por su pertenencia social, nivel económico y por sus lugares de residencia, en un claro acto de desprecio y segregación en contra de los sectores populares que habitan las universidades del conurbano bonaerense.
Por todo esto, declaramos nuestro compromiso con la defensa de la Universidad pública, gratuita, inclusiva y de calidad, desde el convencimiento de que la misma es imprescindible para el desarrollo profesional, el crecimiento socioeconómico y la generación de investigación y conocimiento vinculado al desarrollo local, sobre todo para aquellos sectores sociales que han sido históricamente privados de ella.
