— Nota publicada el 22 de marzo de 2019 —
Este domingo se cumplen 43 años del golpe de estado cívico, eclesiástico, militar del 24 de marzo de 1976 y se conmemora nuevamente el Día Nacional de Memoria, Verdad y Justicia. Luego de tres años del gobierno de Cambiemos, hubo un giro en torno a las políticas públicas vinculadas a los Derechos Humanos. El director del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, Walter Bosisio brinda un panorama de la situación marcada por un incremento en la vulneración de muchos de estos derechos.
El 24 de marzo trae al debate la política de Derechos Humanos a partir del año 2015 con las asunción del actual gobierno. Un claro giro en torno a las políticas públicas vinculadas a esta temática: desfinanciamiento de Programas, la implementación de una “fase represiva intensa” en comparación con gestiones anteriores para responder a la protesta social, la criminalización de la pobreza, el incremento en la vulneración de derechos y la violencia en el sistema penitenciario, la lógica del gatillo fácil –como ejemplifica el caso Chocobar- entre otras.
En términos de los derechos sociales, económicos y culturales, Bosisio sostiene que el gobierno ha llevado a cabo “una fase represiva intensa en comparación con gestiones anteriores” a partir de normativas e instrumentos como los protocolos de seguridad para impedir las expresiones y manifestaciones culturales, bajo el pretexto de defender el derecho a la libre circulación, “dejando en el olvido el derecho a la alimentación, al salario digno, al trabajo”. Y agrega que el panorama se define además por un aumento de desocupación, precarización laboral, pobreza e indigencia “indicadores claros de lógicas de vulneración de los DDHH en la dimensión económica, social y cultural”.
En ese mismo sentido, el Ministerio de Seguridad puso en marcha una política de “criminalización de la pobreza”, de “intervención activa en la represión y eliminación de esos cuerpos pobres”. La lógica del gatillo fácil permea al aparato estatal, en su fase de control y vigilancia: “Los casos como los del policía Chocobar, asesinando por la espalada a un supuesto delincuente; el incremento de la violencia y tortura en las cárceles son indicadores de un giro mucho más represivo que llevó a cabo este gobierno. Lo mismo en términos de la disputa por tierras en la zona de la Patagonia y el modo de tratamiento de los conflictos socioculturales como el tratamiento de la cuestión indígena mapuche, por ejemplo. El caso de Santiago, de Rafael Nahuel son dos hitos que muestran la fase represiva incrementada por este gobierno”.
El Director del Programa de Derechos Humanos señala que el informe de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) muestra “cómo se triplicaron los casos de vulneración de derechos y asesinato directo por fuerzas policiales de ciudadanos en situación de robo o encierro. Las masacres en algunas comisarías utilizadas como cárceles como en Pergamino dan cuenta de este terrible fenómeno que lleva a un corrimiento claro en la protección y el aseguramiento de los derechos humanos de la población bajo encierro en nuestro país”.
Situación de juicios de lesa humanidad
Hasta el 31 de diciembre de 2017, se dictaron 201 sentencias, en las que se condenó a 864 personas por delitos de lesa humanidad y se absolvió a 109. Además de militares, también hay causas a civiles, como funcionarios del Poder Judicial, abogados, escribanos, profesionales de la salud, sacerdotes, empresarios, gerentes, periodistas (Fuente: CELS).
Para Bosisio, las políticas públicas llevadas adelante por el gobierno nacional a través de la secretaría de Derechos Humanos dan muestra de un intento por innovar también en torno a los juicios a genocidas y el terrorismo de Estado. “Hubo un corrimiento” ya que “fue quitando la secretaría un apoyo clave que tenía la concreción de la Verdad y la Justicia en Argentina.” Este apoyo se traducía en proveer equipos propios de datos, de hechos en cada una de las áreas del estado, como la misma Secretaría que eliminó sus equipos de abogados en los acompañamientos. “No desarmó del todo el Programa Verdad y Justicia pero sí fue dejándolo sin tanta efectividad. A nivel interno echó personal y hubo reconfiguraciones y hasta físicamente se trasladó de donde tenía su sede hacia el espacio de la Ex ESMA”.
La misma Secretaría “ha quitado apoyo” y, en otras áreas del Estado donde se habían creado instancias u organismos internos de revisión para una política de “memoria activa”, también se han desactivado, como es el caso de las oficinas de Derechos Humanos en la Comisión Nacional de Valores. “Allí se perdió la posibilidad de contar con herramientas de datos que obraran como pruebas para los juicios. Sobre todo el juicio a los civiles responsables o corresponsables junto con los militares de delitos de lesa humanidad, la aplicación del terrorismo de Estado y del genocidio en nuestro país”, puntualiza.
Sobre esta situación también es importante destacar la constancia de los organismos de Derechos Humanos y trabajadores de estos organismos, que pudieron llevar juicios a estos civiles como el caso de la empresa Ford, que durante muchos años estuvo en marcha y concretó hacia el año pasado las condenas a civiles responsables de haber entregado a trabajadores para situaciones de detención clandestina y tortura. “Eso da una luz de esperanza frente a otros juicios a civiles que han quedado un poco sin efecto”, asegura.
De acuerdo al Director del Programa en algunas causas se detectan demoras y algunas postergaciones pero “no podemos dejar de mencionar que la sociedad ha podido celebrar actos de justicia en términos de las causas de la ex ESMA, en Córdoba por la causa de La Perla y juicios que se siguen abriendo en La Rioja, en distintas provincias. La cuenta pendiente es el trabajo sobre los civiles, que está con varias demoras. El caso Blaquier como paradigmático “no mostró avances sino al contrario”.
Para 2019 hay otro juicio a responsables civiles en Villa Constitución. “Desde Santa Fe hay una fiscalía que está poniendo en marcha un juicio para llevar la Verdad y la Justicia a estos territorios y para recordar la memoria de los trabajadores que han sido castigados, torturados en la etapa previa al inicio de la dictadura y durante. La gestión nacional anterior había potenciado la búsqueda de la Verdad y la Justicia y que el actual gobierno fue vaciando de contenidos”.
DDHH en Universidades Nacionales
En el plano de las universidades nacionales, Bosisio aseguro que hay “buenas noticias” porque se ha creado una Red interuniversitaria de Derechos Humanos que tienen la mayoría de las universidades de nuestro país, con sede en el CIN. “Esto implica la posibilidad de contar con la circulación de información, recursos, alianzas estratégicas que pueden tejerse en pos del trabajo de Memoria, Verdad y Justicia, por los Derechos humanos económicos, sociales y culturales de la actualidad desde estos espacios claves. Cabe destacar entonces que en la UNAJ, el Programa de Derechos Humanos creado hace dos años viene también realizando diversas actividades de promoción de derechos, encuentros, reflexión y algunas líneas de investigación que ha puesto en funcionamiento y que sigue desarrollando. Y en esta semana de la memoria con algunos encuentros de cruce entre economía, política, Derechos Humanos, la responsabilidad empresarial y el terrorismo de Estado”.
