—Nota publicada el 7 de noviembre de 2016—
La diputada provincial Karina Nazabal presentó en la UNAJ el proyecto de Ley de declaración de emergencia del Sistema de Protección de Derechos de los niños, niñas y adolescentes de la Provincia de Buenos Aires, creado a partir de la sanción en el año 2005 de la Ley 13.298.
El encuentro, organizado por el Instituto de Ciencias Sociales y Administración, tuvo por objetivo discutir la situación actual del sistema e informar a docentes, estudiantes y actores sociales vinculados a la problemática de la niñez y adolescencia acerca de los alcances de la iniciativa impulsada por la diputada provincial por el Frente para la Victoria.
El proyecto intenta declarar en emergencia el sistema de protección y promoción de niñez afectado negativamente por decisiones de la administración provincial que provocaron “la desjerarquización del Área, que pasó de ser Secretaría dependiendo del gobernador a ser una subsecretaría que depende del Ministerio de Desarrollo Social”, medida que significó un recorte presupuestario y un impacto en “la visibilización y autonomía que el área tenía”, explicó la legisladora.
“Además en los municipios se empezaron a ver recortes en los programas de promoción y prevención, aletargamiento en el pago de becas a las instituciones que albergan a niños y a niñas y un gobierno de la provincia de buenos Aires que no menciona ninguna de estas cuestiones” añadió.
Nazabal cuestionó el incumplimiento por parte del gobierno provincial de la Ley de Protección de los derechos de los niños (13.298) “una muy nueva que llevó mucho tiempo construir, militar, discutir, que atraviesa a todas las instancias de políticas públicas de la provincia, educación, salud, vivienda, seguridad y que cambió un paradigma de más de 100 años, el de la ley de patronato en el que los niños no tenían ni voz ni voto” para construir una norma acorde con “la adhesión de la Argentina a la convención internacional de los Derechos del Niño, donde se privilegia la voz del niño, donde hay que escucharla, y para eso necesitamos dispositivos concretos”, planteó la diputada.
El proyecto de ley prevé entre otras cosas un piso de intervención mínima para todos los servicios locales, para lo cual crea una beca de capacitación en servicio para todos los trabajadores que ya están en ellos. Además estipula llegar a tener hasta 1 servicio local cada 10 mil chicos (unos 500 en toda la provincia); crea una residencia para que se conformen dichos servicios locales; un sistema de becas para familias ampliadas o familias de acogidas; y la plena implementación de la figura del abogado del niño.
También estuvieron presentes el especialista en temas de niñez y colaborador en la redacción del proyecto, Norberto Liwski, y el director del Instituto de Ciencias Sociales y Administración, Luis Couyoupetrou.
